Ley de Medios: origen & olvido

Ley de Medios

Ley de Medios

LBF hace historia reciente y repone el proceso de gestación de la Ley de Medios, norma que se presentó como la madre de todas las batallas. ¿Lo fue, lo es?

Por Alan Ulacia. Ilustraciones: Groger Gutiérrez.

1. Génesis

El ejercicio genealógico funciona como una cuerda hacia el pasado, desde el presente, ese siempre ansioso por avanzar en la compleja y múltiple ruta del tiempo. Y como éste no es lineal, de algún modo la cuerda genealógica lo amarra, lo resignifica y, paradójicamente, amplía sus posibles puertos.

Por ello un ejercicio genealógico sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podría ayudarnos a complejizar un presente que corre el riesgo fluir sin más, al calor de una disputa política que es si bien es su inescindible contorno, puede opacar la rica complejidad social, cultural y filosófica que habita dicho presente, interpelado en este caso, por algo tan poco y tan mucho, como una nueva normativa.

En el mejor de los casos, la ley 26.522, que el fragor ha renombrado más candorosamente como Ley de Medios, busca regular la propiedad del espectro radioeléctrico y a la vez sentar las bases para impulsar un proceso de “democratización” de los medios masivos de comunicación en la Argentina. En el más escéptico, un postergado aggiornamiento jurídico por parte de un conjunto de actores sociales enmarcados en un nuevo contexto técnico-político que indudablemente ha mutado, de los setentas hacia acá.

La democracia alfonsinista ya había sido testigo del surgimiento de espacios alternativos de expresión mediática, nómbrese la novedosa experiencia de las radios comunitarias. La falta de un marco legal regulatorio, en este caso, facilitó que la relación de fuerzas se inclinara hacia el polo de las concentraciones mediáticas privadas, conscientes de su fertilidad en el favorable subsuelo neoliberal de los noventas.

A pesar de la pax menemista, las resistencias alternativas en los medios persisten, si bien focos tenues y marginales. Luego de la crisis del 2001, la posibilidad de disputa hegemónica contra los monopolios mediáticos se incrementa, y se inicia así un proceso de discusión, institucionalización y tematización de los medios como problema filosófico, contradicción de intereses económicos, conflicto político, dilema sociológico, encrucijada técnica.

A pesar de las ideas y venidas, el gobierno de Cristina Fernández se muestra permeable al proceso, le da soporte y potencia al debate, y toma la decisión política de impulsar la sanción de la actual ley, inyectándola en la arena parlamentaria. Un desiderátum y un riesgo político que debe comprenderse, a su vez, en el marco de una explícita disputa contra los principales hegemones mediáticos existentes la Argentina, a saber: el Grupo Clarín y La Nación.

La fructífera problemática que supone la existencia de una nueva Ley de Medios nos insta a reflexionar acerca del rol del Estado y la Prensa. Y dependerá de nosotros, los contemporáneos (y ex-temporáneos), producir suspicacias y minucias partidarias, o bien reflexiones y prácticas políticas que aporten a la construcción-solución de nuestros problemas nacionales.

Sumergirse en el proceso de gestación y sanción de la Ley de Medios, hurgar en su silencioso trasfondo filosófico-político, así como en su experiencia militante, puede ser un camino posible.

2. Cronologías

Si bien las cronologías nunca llegan a ligar los ecos vitales del pasado con la realidad presente, al menos instan a ambas temporalidades a un sutil coqueteo. Ensayaremos una breve reconstrucción del interesante proceso político que llevó a la Coalición por una Radiodifusión Democrática (1) a convertirse en el principal artífice intelectual-material de la nueva normativa.

En 2004, impulsado por FARCO (2), se comienza a fraguar en un edificio de San Telmo lo que sería una proyección socio-política de reemplazo de la ley de radiodifusión de la dictadura, la 22.285. Sus protagonistas hacen hincapié desde temprano en un hecho de tipo táctico: la correlación de fuerzas es adversa, por ello se requiere ante todo buscar un piso de consenso entre los diferentes actores que componían el silencioso germen, para luego presentar esa solidificación al resto de la sociedad, y obtener a cambio cierta pregnancia. Así nacen los famosos 21 Puntos por una Ley de Radiodifusión de la Democracia, que en un principio son 20.  Pasan a ser 21 por un sugerente simbolismo: es la edad que está cerca de cumplir el ciclo democrático iniciado en 1983.

Y resulta que primero es la visibilización, ineludible táctica de las minorías portadoras de una bandera que se sabe justiciera, genérica. Así, se crea un sitio web, www.coalición.org.ar (ahora inexistente) con un sistema de firmas y adhesiones que poco tardan en llegar; se camina el país, se introduce la semilla del postergado debate y se convidan propuestas y proyectos al Ejecutivo, al Congreso y a los diferentes partidos políticos. Pero el primer hito masivo de la Coalición es el 27 de agosto de 2004, día en que los 21 Puntos vuelan por el espacio radial, eyectados desde el potente auditorio de Radio Nacional de Buenos Aires. Aquí sucede el primer punto de contacto público de la Coalición con los organismos de DDHH (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo), poderosos aliados y fuentes de legitimación durante el resto del proceso.

Durante ese año, la Coalición gestiona su primera audiencia con el presidente Néstor Kirchner. Audiencia que es diferida. Diferencia buenamente interpretada por la Coalición como una situación de “relación de fuerza que impedía incluir en la agenda oficial el tema”, y no como el hecho de que por ese entonces la relación política entre el primer gobierno kirchnerista y los monopolios mediáticos no era tan rispida como sí lo fue un tiempo después…” (3).

En el año 2005 el Decreto 527, firmado por Néstor Kirchner, determinó:

“Suspéndense por el plazo de diez años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos por el artículo 41 de la Ley N° 22.285 y sus modificaciones.”

La Coalición asimila el golpe como “un balde de agua fría”. Pocas fueron las voces que se alzaron contra la medida. Sí fue el caso de la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que emite una dura declaración. Néstor Busso, a su vez, presenta desde FARCO una nota poco ambigua, titulada “Un paso atrás para la democracia”.

En 2005 se entrega la primera licencia a una radio comunitaria indígena, mapuche en éste caso, “Newen Hueche”, a raíz de un convenio firmado por el INAI (Insituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión). Además: se sanciona en el Congreso la Ley 26.053, lo cual hace posible, mediante modificación del artículo 45 de la ley 22.285, que entidades no comerciales como cooperativas, asociaciones y fundaciones sean titulares de licencias televisivo-radiales, aunque no así que las cooperativas de servicios públicos sean prestadoras de servicios de radiodifusión.

El 2006 y el 2007 son años “fríos” para la Coalición: “hasta el momento se habían conseguido algunos logros importantes, entre los cuales se encontraban los fallos legales a favor de las asociaciones sin fines de lucro, la modificación del artículo 45 de la vieja ley, la obtención de algunas licencias de emisoras comunitarias, el “reconocimiento” de 126 radios de entidades sin fines de lucro, y desde lo cualitativo, el sostenimiento del entramado organizacional que, con sus avances y retrocesos, era la garantía para seguir con la lucha por una nueva ley” (4).

Ley de Medios

Ley de Medios

El 2008, año en que el oficialismo se enfrenta contra un heterogéneo conglomerado político-socio-económico denominado “Campo”, sera sin embargo decisivo para el destino de la Coalición. Ese año, el 1° de abril, Gabriel Mariotto, vehemente paladín de la causa, asume como interventor del COMFER. También se pone en marcha el funcionamiento del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). Y más crucial aún: el 16 de abril la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reúne con los miembros de la Coalición, y se dispone a impulsar el proyecto, iniciando un conjunto de consultas y reuniones con los sectores implicados en la comunicación audiovisual. Pero durante el resto del año, si bien las actividades de la Coalición se multiplican en todas las geografías, el mencionado conflicto-bisagra consume casi por completo las energías de la política nacional, jaqueando por primera vez la hegemonía kirchnerista.

En el año 2009 Cristina Fernández inicia las sesiones del Congreso, adjuntando la promesa pública de impulsar la nueva Ley de Radiodifusión. El 18 de Marzo, en el Teatro Argentino de La Plata, la presidenta arroja al debate público un anteproyecto que será analizado y moldeado públicamente, en numerosos foros provinciales. “Se hacen en pocos meses veinticuatro foros. En ellos participan unas diez mil personas, que realizan mil doscientos aportes a la propuesta, que se sumarían luego como anotaciones al texto del Proyecto de Ley” (5).

A partir de aquí, en palabras del mismo Néstor Busso, el Proyecto de Ley y la demanda social concreta de un cambio significativo en la legislación comunicativa, cobran “vida propia”, y las posibilidades organizativas de la Coalición se ven desbordadas por un fenómeno que adquiere los bríos de aquello que, obturado y presurizado durante años, avanza, no sin conflictos y contradicciones, con la potencia de una pulsión socio-simbólica irrefrenable.

El 27 de agosto del 2009, Cristina Kirchner lanza oficialmente al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es, para la Coalición, “el comienzo de la batalla desde adentro”.

Desde ese momento, hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia que la declaró constitucional, el martes 29 de octubre de 2013, y la presentación del proyecto de adecuación por parte del Grupo Clarín, se dio un complejo proceso de avances, resistencias, suspicacias legales, en el cual no ahondaremos, en cambio sí, compartiremos, para seguir arrojando esa cuerda al pasado, algunos fragmentos de una entrevista que le realizamos en agosto de 2011 a Néstor Busso, uno de los máximos referentes de la Coalición por los 21 puntos, en aquel entonces funcionario en el AFSCA, sumergido a fondo en el proceso de lucha por la aplicación de la ley, ahora, Secretario de Derechos Humanos en Río Negro. Y a no ser por una decisión personal, quien firma cree que no es, en el actual contexto, casual o gratuito el “alejamiento” de cuadros de la radicalidad de Busso…

4. Busso

(2011. Oficinas del AFSCA en la calle Suipacha 765. Microcentro porteño)

¿Cómo fue la experiencia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, sus 21 puntos, el proceso de foros provinciales?

“Estaba vigente en la Argentina la ley de radiodifusión de la dictadura, la N° 22.285, del año 80. Y durante muchos años veníamos reclamando desde distinos sectores una nueva ley, como producto del debate democrático. Fueron pasando los años y eso no se lograba. En el año 2004 aparece una coyuntura en la que se dan algunos cambios en el país, digamos, y parece como que es posible algún cambio. Por otro lado, habíamos logrado, en septiembre de 2003, fallos de la Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad de un artículo de la mencionada ley, el artículo 45. Veníamos avanzando en algo que era sustancial: la ley anterior prohibía que las entidades sin fines de lucro fueran titulares de medios audiovisuales, y eso lo hemos logrado cambiar.

“Ahora, ¿qué fue lo que nos inspiró? Dos ideas. Primero que la ley, en cualquier lugar, cualquier ley, es siempre producto de una correlación de fuerzas. Esa fue la primer idea, que tuvimos, lo cual implicaba que teníamos que construir fuerza social y política para cambiar la ley, y del otro lado había mucha fuerza para que las cosas siguieran igual. Y no se trataba de hacer un reclamo desde las organizaciones al gobierno, sino fundamentalmente reunir la fuerza para forjar una alternativa. La segunda idea era que para construir esa fuerza era necesario lograr consenso entre las organizaciones sociales, las organizaciones populares, las Universidades Nacionales. Buscar los puntos de acuerdo. Y bueno, nos pusimos a buscar puntos de acuerdo, no en redactar en conjunto una ley, que hubiera sido imposible, por la complejidad que ello implica. Con esas consignas nos reunimos y logramos convocar en el 2004, luego de varios meses de trabajo, a un conjunto muy amplio de organizaciones, Universidades Nacionales, sindicatos de trabajadores de la comunicación. Eso lo hicimos desde FARCO, nos reunimos en nuestra sede de la calle Piedras, y después de varias reuniones acordamos esos 21 puntos que después se hicieron famosos, y los presentamos el 27 de agosto de 2004, el Día de la Radio (por la primera transmisión radial en la Argentina, en 1920). Y bueno, a partir de ahí empezamos a recorrer el país generando debate, con charlas, conferencias mesas redondas y todo tipo de actividades”.

Y la respuesta en las provincias era que existía esa necesidad…

“Si claro, por supuesto… Después participamos en debates al que iban tres personas y debates a los que iban miles, eso fue todo un trabajo de militancia de un grupo de compañeros y compañeras de distintos sectores. Luego se fueron auto-generando cosas, sobre todo a partir del momento en que nos convoca la presidenta Cristina Kirchner en abril del 2008, y anuncia que se va a promover este tema. Y toma los 21 puntos como base. Después se da la presentación del ante-proyecto en marzo de 2009, los foros oficiales, y ahí ya el debate adquiere cierta institucionalidad. Y por último el debate en el Congreso”.

“Entonces, yo creo que además de una buena ley, transformadora, logramos en Argentina un proceso político inédito de participación ciudadana en la construcción de una norma legal. Ese proceso fue realmente muy interesante y me parece que es un gran logro. Cabe destacar el consenso del campo nacional y popular en torno a un conjunto de ideas, más allá de todas las divisiones y diferencias entre todas las organizaciones que conformábamos la Coalición, y el debate generado, en donde un dato no menor es la participación de los jóvenes”.

“Por otro lado, es interesante analizar la posición de los que estuvieron en contra. Que lo que intentaron fue silenciar el debate, impedirlo, y no lo lograron. Fue un debate nacional que se instaló desde las organizaciones y silenciado por los medios de comunicación hegemónicos”.

Sí… o construyendo la idea de que la ley de medios que sólo iba a favorecer al gobierno nacional…

“Sí, pero eso fue después. Toda la primera etapa fue de ningunear, silenciar el debate. Cuando se dieron cuenta que no lograban eso, que la cuestión ya estaba instalada, ahí entraron a mentir, por ejemplo dijeron que la Coalición era un armado kirchnerista. Y de hecho no entraron en el debate, y la Oposición, o el oposicionismo mejor dicho, y los sectores más de derecha, de oposición al proyecto, no lo debatieron, y eso fue lo que pasó en Diputados: se retiraron del recinto sin debatir, no participaron del debate en las comisiones, no intentaron modificar el proyecto, que por cierto en el camino tuvo muchas modificaciones, porque desde que la presidenta presenta el anteproyecto en el Teatro Argentino de La Plata, hasta que se aprueba en el Congreso, hay casi 300 modificaciones, algunas muy de fondo. 200 que se da en el primera etapa de los foros, entre el anteproyecto y el proyecto, y otras 100 que se dan entre que llega a la Cámara de Diputados hasta que se aprueba”.

Desde que se sancionó la ley, ¿cómo ve el proceso, no en cuanto a lo judicial que se sabe que está estancado, sino a nivel político y de opinión pública, en el marco de esta correlación de fuerzas positiva que lo enmarca y lo impulsa?

“Todos los indicadores dicen que hay un acompañamiento de la inmensa mayoría de la población hacia esta ley, que es considerada un logro importante, y es vista positivamente. Todo lo que yo conozco que ha analizado el fenómeno, encuestas, mediciones, etc, lo dan como un elemento positivo. Desde los grupos concentrados, están con la misma estrategia de siempre: ganar tiempo. Y han tenido desde la Justicia sectores absolutamente cómplices. Con cuestiones ridículas, la causa en Mendoza es ridícula, y así lo dijo la Corte, pero mientras tanto ganaron 6, 7 meses. Y ahora, bueno, con las medidas cautelares. Pero a pesar de todo esto, la ley es aplicable y está completamente vigente. Sin embargo creo que en este punto hay muchas dificultades del Estado en adecuarse a una ley de este tipo y aplicarla. Todo el aparato burocrático y los mecanismos del Estado son muy lentos para aplicar una ley de este tipo que implica un cambio cultural muy profundo que va a llevar años, va a llevar tiempo hasta que se sientan los efectos y se pueda construir el modelo que la ley establece”.

Y con respecto al 33% de las licencias estipulado para las entidades sin fines de lucro, ¿Considera que existen avances por parte de las organizaciones para apropiarse de dicho espacio, de empezar a producir contenidos? ¿Hay herramientas por parte del Estado para que sean accesibles?

“Es un tema pendiente, todavía no. Ese espacio lo peleamos durante años, es un gran logro, quizá uno de los más importantes. Pero todavía está pendiente el tema de la legalización de las radios, las licencias, sobre eso aún se está trabajando, tenemos que hacerlo. Y eso implica también pensar en un cambio, en una solución para la sostenibilidad de esos medios”.

¿Económica?

“La sostenibilidad es más que lo económico. Tiene que ver con lo organizativo, con lo social, y por supuesto con lo económico, porque en la lógica comercial los medios se financian con la publicidad comercial. La lógica de las entidades sin fines de lucro es un lógica social, no-comercial. Entonces hay que encontrar una forma de financiamiento de ese tipo de organizaciones. Como tiene financiamiento la educación, la salud, la vivienda…”

“Podríamos decir que en los noventa la relación del Estado con los movimientos sociales era fundamentalmente de desarticulación y cooptación, y ahora se empieza a notar que quizá halla un cambio hacia el interior de dicho paradigma, ¿cómo ve esa relación? Entre las organizaciones civiles y el Estado, y su margen de autonomía, los límites de dicha relación, etc”.

“La autonomía creo que está dada por la madurez de los movimientos sociales en Argentina, que ya tienen años. Yo la autonomía no la pondría en discusión o en duda. Creo que hay una nueva relación, un gobierno más atento a las demandas populares, y además demandas populares que se expresan, que tienen canales de expresión, que no son reprimidas, y cuando hablo de represión no hablo sólo de palos, golpes y policía, sino de que tienen un cauce. Y hay un ejercicio de debate y de reclamo, que se está conquistando cada vez más, tampoco es que ya todo lo que es demandas populares están siendo atendidas. Hay un punto, yo creo que desde las organizaciones populares estuvimos años en la resistencia. Hoy estamos en una etapa diferente, una etapa de construcción. Hay un cambio muy significativo, para quienes nos consideramos militantes populares. Yo pasé 40 años de mi vida, desde los 15 que milito, en la resistencia, soportando todo tipo de represión: secuestro, exilio, cierre de radios. Las organizaciones populares de organizaban para resistir, frente a la alianza entre el poder del Estado y el poder económico. Claramente, por lo menos desde el 73 al 2003 hubo una alianza de este tipo. A partir del 2003 eso comienza a diferenciarse, ese poder comienza a diferenciarse, lo cual no quiere decir que estén totalmente enfrentados pero hay una tensión permanente que hoy parece ser cada vez mayor. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, los sectores populares organizados, ¿cómo se posicionan? Antes era más fácil, frente al Estado y al poder económico: enfrentamiento y resistencia. Ahora, creo que por ejemplo la Coalición fue un ejercicio interesante: de demanda al gobierno y el gobierno que toma esas demandas populares y las impulsa en conjunto. Me parece que el acto del 29 de octubre de 2009 en el Teatro Argentino expresa eso. La presidenta lo dice muy claramente. También lo dije yo”.

Ahí fue cuando usted dijo “hecha la ley hecha la trampa”

“Claro. Y frente a la trampa hay que crear la trama de sostenibilidad de la ley. Yo estoy convencido de que hacer falta fuerza del Estado, por un lado, pero también fuerza social para aplicar la ley. Y que el debate continúe, porque sino será muy difícil la aplicación de la ley. Se pueden tomar medidas desde acá pero después no se cumplen. Esto es una cuestión cultural”.

Roland Barthes

Roland Barthes

5. Mitologías

Las mitologías tienen una temporalidad astuta. Roland Barthes ya lo advirtió en los sesentas. Simulan extraer su fuerza del ayer, de los orígenes lejanos y olvidados, verdes y mohosos, pero en verdad, se nutren de una constante legitimación, aprisionada fatalmente en el fragor del hoy. Es más, su propio origen es aquello que todo mito desea ocultar. Los geneólogos, o mitólogos, paradójicamente, son los peores enemigos de los mitos.

¿Cuánto tiene o tendrá de mito, pasados los años, la Ley de Medios? ¿Qué dosis de “posible verdad” y de “malintencionada mentira” tiene la afirmación de “cambiamos un monopolio por otro”? ¿Es posible juzgar, medir, cuantificar esa compleja alquimia política? ¿Hasta dónde llegan, llegarán, las atribuciones y las competencias del AFSCA? ¿Pasará la Ley de Medios a ser otra de las tantas letras muertas que se hunden en el timorato mar que traza el límite de la legalidad y lo ilegal? ¿O será una letra ígnea, social y colectivamente transformadora, impulsada aún por la vida viva de quienes lucharon por ella?

¿Se estancará su impulso, su legítima intención, en los engranajes de la burocracia estatal? ¿Qué tanto quiere/puede/debe ocultar el mito de la Ley su parentesco con los avances de una tecnociencia moderna que irrumpe y se instaura, gratuita, violenta y acríticamente?

¿Hasta dónde deben escarbar los geneólogos la barroca trama de disputas de poder, de negocios, de intereses corporativos (privados y estatales) que existe tras la Ley de Medios, en pos de la búsqueda de valles ideológica, ética y políticamente impolutos? ¿Podrá la Ley de Medios escapar a la trampa tendida, y en algún punto intencional y tímidamente conjurada, de ser caracterizada y pensada como una “Ley K” que atenta contra la “libertad de expresión”? ¿O en efecto es, o llegará a ser, algo más? ¿Cuánto podrá transcender la Ley de Medios el conflicto político-cultural que, entre otros componentes, la fundamenta genética y coyunturalmente? Y, ¿tiene que trascenderlo? ¿O está tallado en la relación de fuerzas que encarna, el destino de sumergirse hasta las últimas consecuencias en dicho conflicto? ¿Se devorará “la Política” al mito de la “Prensa independiente-crítica”? Pero, ¿es eso deseable, podremos lidiar con las consecuencias teórico-prácticas de ese (¿bien planteado?) funeral mítico?

Lee también:

Notas:

(1): Grupo de organizaciones sociales, sindicatos de prensa, radios comunitarias y comerciales, universidades, organismos de DDHH, convocado por FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) en el año 2004.

(2): El Foro Argentino de Radios Comunitarias se constituye el día 26 de septiembre de 1998 como una entidad sin fines de lucro, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(3): Véase el trabajo de Graciela Mochkofsky, Pecado Original, Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, publicado por editorial Planeta.

(4): En el artículo “La conquista de la Ley SCA (2004.2010)”, parte del libro La Cocina de la Ley, libro escrito y editado por FARCO, y dirigido por Néstor Busso y Diego Jaimes.

(5): “La conquista de la ley…”, en La Cocina de la Ley, pág. 74.

Alan Ulacia

Alan Ulacia

Alan Martín Ulacia (1986) nació en Argentina, en el porteño barrio de Caballito. Es Licenciado en Ciencia Política (UBA), con una formación especializada en Filosofía Política. Trabajó como colaborador en diversas publicaciones y proyectos periodísticos: Diario Tiempo Argentino, plazademayo.com, Revista Devenir, elidentikit.com, entre otros. La ciudad imposible (2014), editado por Milena Cacerola, es su primer libro de crónicas y ensayos.
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